Por Marilyn Montalvo Montalvo
Después de casi cien años de esfuerzos de diversa naturaleza realizados contra viento y marea para dotar a Puerto Rico de un sistema coherente de bibliotecas públicas, una carta enviada a los alcaldes el 1ro de junio de 1999 por el entonces Secretario de Educación, Víctor Fajardo, transfería la administración de las bibliotecas públicas a los municipios. Así se iniciaba el desmantelamiento por decreto del desafortunado Sistema de Bibliotecas Públicas de Puerto Rico. Curiosamente, el Secretario de Educación renunciaba a las funciones de administrador de las bibliotecas públicas que se le habían conferido en 1950, pero retenía las funciones de administrador de los fondos federales que se les asignaban a dichas bibliotecas.
Según los datos presentados en una conferencia ofrecida en 1990 por Irving A. Figueroa, el denominado Servicio de Bibliotecas tenía para esa fecha 66 bibliotecas en 63 municipios, 30 bibliotecas en residenciales (en colaboración con la CRUV), 18 en instituciones correccionales, 7 bibliotecas rodantes, 4 bibliotecas en lugares desventajados económicamente (La Perla y Cantera), 1 biblioteca para ciegos, 38 bibliotecas en centros de tratamiento social y 38 bibliotecas en hogares para ancianos. Si bien no es posible determinar con certeza la cantidad de bibliotecas establecidas a lo largo del siglo XX y sus respectivas trayectorias, debido a la falta de datos recogidos sistemáticamente, sin lugar a dudas, estos datos ofrecen una idea de los esfuerzos realizados por el Servicio de Bibliotecas del Departamento de Educación para desarrollar una estructura dirigida a ofrecer servicios bibliotecarios en todos los rincones de la Isla.
El desarrollo de un sistema de bibliotecas públicas había venido de la mano del crecimiento de la Biblioteca Carnegie, establecida en 1917 y administrada por una Junta de Síndicos hasta 1950. La Carnegie, a su vez, había sido la sucesora de la Free Library of San Juan, establecida en 1900 y convertida oficialmente en 1903 en la Biblioteca Insular. Durante de los años cincuenta su director, Luis O´Neill de Millán, preparó diversas propuestas para desarrollar un sistema de bibliotecas públicas, pero casi todas se quedaron en el tintero. No obstante, hubo un logro significativo: la adquisición de la biblioteca rodante de San Juan en 1948. Sin embargo, el plan de reorganización llevado a cabo por el gobernador Muñoz Marín eliminó la Junta de Síndicos y los fondos asignados al desarrollo de las bibliotecas públicas pasaron al Departamento de Instrucción, lo cual truncó la posibilidad de que la Biblioteca Carnegie pudiera ser el eje del desarrollo de dichas bibliotecas. No obstante, en 1955 el gobierno promulgó una ley para distribuir anualmente cincuenta mil dólares entre los municipios que establecieran bibliotecas públicas. Esta ley no incluía la compra de terrenos ni la construcción de edificios, pero permitía el uso de edificios públicos.
En 1956 se aprueba en Estados Unidos el Library Service Act. A partir de entonces, y hasta el día de hoy, Puerto Rico es elegible para solicitar diversos fondos federales destinados a fomentar la construcción, desarrollo y adecuación tecnológica de las bibliotecas públicas. El ente público designado para administrar estos dineros era y sigue siendo el Departamento de Educación de Puerto Rico. Estos fondos constituyen una gran fuente de recursos económicos para las bibliotecas, pero requieren pareo y no pueden usarse para atender necesidades administrativas. Esto es responsabilidad de los gobiernos locales. He ahí la cuestión. La gran mayoría de nuestros gobernantes no quieren asumir esta responsabilidad. La educación y la cultura para ellos no son servicios esenciales que ameriten un presupuesto recurrente.
Lamentablemente, la falta de mantenimiento de las instalaciones físicas, de los recursos bibliográficos y del personal permanente asignado a las bibliotecas públicas son males que las han acompañado siempre. Por esta razón las bibliotecas han abierto y cerrado intermitentemente a lo largo de los años, sin que se pueda tener una cifra confiable de la cantidad de bibliotecas que han operado a lo largo de la historia de esta institución educativa y cultural. Según los informes más recientes del Departamento de Educación, en 2014 quedaban una veintena de bibliotecas públicas que mantenían vínculos con el Departamento de Educación. Sin embargo, al día de hoy esa cantidad ha menguado sustancialmente. Además, muchas de las bibliotecas que se autodenominan ´municipales´, se encuentran en un limbo legal porque los procesos de transferencia de las estructuras y los terrenos nunca se concluyó. Por otra parte, hemos constatado que hay mal llamadas ´bibliotecas´ que carecen de lo más esencial. Hemos visto meros salones con dos o tres anaqueles, sin un catálogo público ni en tarjetas ni electrónico, ausentes de personal bibliotecario, profesional o paraprofesional, sin aire acondicionado, con computadoras viejas y sin servicios de Internet. Ahora la suerte de las bibliotecas está en manos de los alcaldes y de la importancia que les merezcan. Por otra parte, aunque surjan iniciativas particulares y comunitarias, muy loables todas, éstas no pueden ser el subterfugio de la irresponsabilidad gubernamental.
El caso más flagrante del abandono de las bibliotecas públicas de Puerto Rico es el de la Biblioteca Carnegie. Esta biblioteca, heredera de numerosas colecciones bibliográficas de un valor incalculable y que se dotó de un edificio diseñado expresamente para ofrecer servicios bibliotecarios acordes con los ofrecidos por las bibliotecas públicas estadounidenses de la época, ha sufrido la incuria de todos los gobiernos. La falta de mantenimiento del edificio, de su entorno y de los equipos, la falta de fondos para su desarrollo sostenible, así como la falta de planificación ante los fenómenos atmosféricos han hecho estragos en la Carnegie a lo largo de las décadas. Su historia es la historia de sus sucesivos cierres. La Biblioteca fue remodelada totalmente en los años sesenta y noventa. En 1995 reabrió sus puertas como una biblioteca adecuada a nuevas necesidades y dotada de un catálogo automatizado. Sin embargo, en el penúltimo capítulo de dejaciones, ya desde 1992 el Sr. Víctor Fajardo había logrado que se aprobara legislación para que el Departamento de Educación pudiera entregarle la Biblioteca Carnegie al mejor postor público o privado. Diez años después, una resolución de la Cámara de Representantes ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico, en conjunto con el Departamento de Educación, a transferir al Municipio de San Juan, por el precio nominal de un dólar ($1.00), el terreno y el edificio donde enclava la Biblioteca Carnegie. En el 2012 el alcalde Jorge Santini anunciaba que su gobierno invertiría cerca de 3 millones de dólares en la remodelación de la Biblioteca Carnegie y en su conversión en un ´information and learning commons´. Santini perdió las elecciones y los ciudadanos de San Juan nunca vieron la remodelación, ni siquiera supieron que tipo de servicios ofrecería la biblioteca, ni cuánto costaron las gestiones realizadas, ni la situación de sus fondos bibliográficos.
Después de ocho años de cierre, un letrero colocado por el Municipio de San Juan en la verja de la Biblioteca, ya borroso, nos comunica que su cierre es definitivo. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, tan dispuesta siempre a criticar a sus contrincantes, no ha dicho ni una sola palabra sobre este asunto, ni ha dado ninguna explicación sobre este portazo que, con premeditación y alevosía, le ha dado a la educación y a la cultura de Puerto Rico. San Juan, la capital de Puerto Rico, ha perdido su biblioteca pública.
TABLÓN DE LIBRE EXPRESIÓN DE MARILYN MONTALVO MONTALVO 